La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo ha publicado hoy en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la orden por la que se convocan nuevas ayudas para las empresas turísticas de Extremadura por importe de 1.170.000 euros.
Estos fondos están destinados a fomentar la calidad en el sector turístico de Extremadura para elevar el nivel de las infraestructuras y de los servicios con mayor valor añadido. Con este objetivo, el Gobierno de Extremadura abre cuatro líneas de ayudas destinadas a alojamientos rurales, balnearios, fomento de la calidad de alojamientos y empresas de restauración y, por último, empresas de actividades turísticas alternativas y de intermediación turística.
Podrán acogerse a estas ayudas los titulares o propietarios y explotadores directos de las empresas turísticas señaladas en la orden de la convocatoria, que tengan su domicilio social y fiscal en la comunidad, que presenten la correspondiente solicitud de subvención y que acompañen los documentos o justificaciones que se establecen en dicha orden.
El presupuesto total es de 1.170.000 euros para las cuatro líneas de ayudas existentes. La línea de ayudas a Alojamientos Rurales contará con una cuantía máxima de 300.000 euros. Los balnearios dispondrán de 150.000 euros. Las subvenciones al fomento de la calidad están dotadas con 546.765 euros. Y, por último, la línea destinada a las empresas de actividades turísticas alternativas tiene reservados 173.235 euros.
La cuantía de la subvención será del 50% (IVA excluido) del presupuesto de la inversión aprobada, con un límite máximo de 50.000 euros. El importe de la subvención no podrá superar en ningún caso el coste de la actividad subvencionada.
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOE, pudiéndose presentar las mismas en el Registro sito en la Consejería de Fomento (Avenida de las Comunidades s/n de Mérida, CP 06800), así como en el resto de los lugares contemplados en el Sistema de Registro Único o por cualquiera de los medios previstos en la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
