Según la patronal extremeña, el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros incrementa de manera muy importante los costes empresariales, y su finalidad se basa en un mero afán recaudatorio, sin tener presente su incidencia de manera directa en el mantenimiento y creación de empleo.

El Real Decreto-ley incorpora una serie de medidas “de calado” en materia social, laboral y de empleo. Un ejemplo de ello es el incremento de cotización para contratos de corta duración, que según la norma va a ser una "medida disuasoria para el empresario", pero para la CREEX “sólo va a tener como efecto un incremento de los costes”, ya que se han incluido sin justificar modalidades hasta la fecha excluidas, como el contrato de interinidad, “con el consiguiente perjuicio para la creación de empleo”.

Este tipo de contratos tiene una dependencia muy fuerte del ciclo económico general, concentrándose en sectores intensivos de mano de obra, habiéndose reiterado claramente que “los recargos en la contratación temporal no sólo no han reducido la misma sino que han actuado como un estímulo para la economía sumergida, desatendiendo las relevantes necesidades de actividades estacionales o puntuales en España y encareciendo y dificultando injustificadamente una importante vía de acceso al mercado de trabajo para personas desempleadas”.

Esta repercusión negativa va a tener también un "claro impacto en las empresas de trabajo temporal", que han sido creadas como agentes profesionales dedicados por Ley a esta función.

Estos mismos argumentos se pueden predicar de las reformas en el servicio del hogar familiar, “con gran riesgo de traspaso de personas que prestan servicios que pierdan su trabajo o vayan a la economía sumergida”.

En resumen, y según la patronal extremeña “el Real Decreto incluye toda una serie de medidas que pretenden tener una determinada finalidad sin analizar rigurosamente si el efecto será el contrario”.