El DOE ha publicado hoy la Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable de Extremadura, a la que la CREEX planteó una serie de modificaciones durante su tramitación parlamentaria para fortalecer la transparencia y el impuso de las pymes.
La normativa entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2019 y en 9 meses se constituirá la Oficina Extremeña de Supervisión en materia de contratación.
La ley consta de 43 artículos, estructurados en siete capítulos, ocho disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales.
Aspectos novedosos
La obligatoriedad de la licitación electrónica es uno de los aspectos novedosos de la nueva ley extremeña, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia y un ahorro en el coste de los servicios públicos.
Los trabajos previos en comisión han permitido, además, ampliar el ámbito de aplicación de la ley a la Universidad de Extremadura, ya que inicialmente sólo afectaba a la contratación de la Junta de Extremadura y de los entes locales.
Asimismo, se han incluido mejoras técnicas y de redacción en la ley, que han permitido incluir requerimientos de carácter medioambiental en varios artículos y nuevas disposiciones a favor del pequeño empresario.
Un ejemplo de ello es la ampliación de los plazos a favor del licitador o que el órgano de contratación pueda establecer limitaciones en la adjudicación y no en la presentación de las ofertas.
La Ley de Contratación Socialmente Responsable de Extremadura persigue la eficiencia en este ámbito, al mismo tiempo que garantiza que los contratos se encuentren sujetos al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, obligación que igualmente se traslada a los subcontratistas respecto de su personal.
