La norma aborda medidas de impulso para facilitar la actividad empresarial en la región y medidas de simplificación y mejora de la Administración autonómica, si bien la CREEX considera que la nueva ley es “positiva pero insuficiente”.

 En el articulado se elimina, a juicio de la CREEX, “cierta distancia” entre la Administración y las empresas y ciudadanos, pero aún existen cargas administrativas y obstáculos jurídicos que seguirán dificultando la generación de empresas y las inversiones en Extremadura.

No obstante, la CREEX valora que se incluyen aspectos positivos la ampliación de plazos del silencio administrativo, la simplificación de algunos procedimientos y la disminución de algunos plazos burocrátios, pero, lamentablemente, vuelve a dejarse en mano de los ayuntamientos la competencia para decidir sobre determinados proyectos de inversión.

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